El ejercicio del derecho exige una disciplina intelectual constante que trasciende la simple adquisición inicial de conocimientos. En este sentido, el primer principio del decálogo del abogado formulado por Ángel Osorio y Gallardo —“Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”— constituye una advertencia de profunda vigencia en los sistemas jurídicos contemporáneos.
El derecho, como construcción social, se encuentra en permanente evolución, condicionado por cambios políticos, económicos y culturales. La aparición de nuevas normativas, reformas legales, precedentes jurisprudenciales y doctrinas emergentes obliga al profesional del derecho a mantenerse en un proceso continuo de actualización. En este contexto, el estudio no es una opción, sino un deber ético y profesional.
Desde una perspectiva deontológica, el incumplimiento de este deber puede derivar en una práctica deficiente, afectando no solo los intereses del cliente, sino también la correcta administración de justicia. El abogado que no estudia pierde progresivamente la capacidad de interpretar adecuadamente las normas, de argumentar con solidez y de adaptarse a los nuevos desafíos jurídicos.
Asimismo, en el marco de ordenamientos jurídicos dinámicos como el ecuatoriano, caracterizado por reformas frecuentes y el desarrollo constitucional de derechos, la formación continua adquiere una relevancia aún mayor. El dominio actualizado del derecho permite al abogado no solo litigar con eficacia, sino también contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.
En conclusión, el mandato de “estudiar” no debe entenderse como una recomendación académica, sino como un principio rector de la vida profesional del abogado. Quien abandona el estudio, abandona progresivamente su esencia como jurista.
