El segundo mandamiento del decálogo del abogado, formulado por Ángel Osorio y Gallardo, encierra una de las verdades más profundas y vigentes de la práctica jurídica: “Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.” Esta máxima no solo distingue dos fases del quehacer jurídico —la formación y la aplicación—, sino que también establece una jerarquía clara entre ellas.
El estudio del Derecho constituye, sin duda, el cimiento indispensable sobre el cual se edifica la profesión. A través de la doctrina, la jurisprudencia y la normativa vigente, el jurista adquiere el conocimiento técnico necesario para comprender el ordenamiento jurídico. Sin embargo, dicho conocimiento, por sí solo, resulta insuficiente para resolver los conflictos humanos que se presentan en la realidad.
Es en este punto donde el pensamiento jurídico adquiere protagonismo. Pensar en Derecho implica interpretar, argumentar, ponderar principios y adecuar la norma al caso concreto. Supone trascender la literalidad de la ley para captar su espíritu, sus fines y su función social. En términos prácticos, el abogado no es un mero repetidor de normas, sino un operador jurídico que debe construir soluciones razonadas y estratégicas frente a problemas complejos.
La exigencia de “pensar” también se vincula estrechamente con la ética profesional. Un abogado que no reflexiona corre el riesgo de aplicar mecánicamente la ley, sin considerar las consecuencias de sus actos ni la justicia material del caso. Por el contrario, quien piensa críticamente está en capacidad de cuestionar, innovar y defender con mayor solvencia los intereses de su cliente dentro del marco legal.
En definitiva, este precepto de Osorio y Gallardo nos recuerda que el verdadero ejercicio del Derecho no reside en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de utilizarlos con inteligencia, criterio y sensibilidad jurídica. Pensar no es una opción, sino una obligación esencial del abogado que aspira a la excelencia profesional.
